EVOLUCIÓN DEL USO DE LA PRISIÓN EN LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA

1. Período 1980-1994

Hubo un aumento de la población penitenciaria causado, principalmente, por el aumento de la criminalidad. En España fue fruto de cambios sociales en escaso periodo de tiempo. Adicionalmente, en España hubo un gran problema con el consumo de drogas, especialmente la heroína, que llevaron a muchos adictos a la misma, a la comisión de delitos de robo y tráfico de drogas. 

2. Período 1995-2001

En esta etapa, el sistema penitenciario español transformo el uso que se hacía de la prisión. Desde el punto de vista social, se puso fin al consumo de heroína por otras drogas y su consiguiente bajada de precio. De igual modo, se mejoró la situación económica del país, suponiendo un descenso progresivo del perfil de delincuente marginal que caracterizaba la población penitenciaria.

Además, la situación social estable supuso una reducción paralela de delincuencia grave, pudiendo intervenir con condenas alternativas a la privación de libertad y por tanto, un menor uso de la prisión. Sin embargo, las condenas que sí se cumplían en prisión se caracterizaron por ser más largas.

Desde el punto de vista de la política criminal, la aprobación del nuevo código penal supuso una renovación del sistema de penas de las medidas alternativas a la privación de libertad que aunque no empezaron a aplicarse directamente, se introdujeron paulatinamente a la delincuencia leve. Además, se empezó a cuestionar el uso excesivo que se hacía de la prisión preventiva.

De igual manera, en este período la mayoría de la población penitenciaria había sido juzgada con el código penal antiguo y, por tanto, pudieron beneficiarse de su aplicación.

3. Período 2002-2010

La primera década del siglo será recordada por la significativa expansión de la prisión que llegó a alcanzar en 2009 una tasa 167,6, de las más altas de Europa. Esta expansión obedece, como es obvio, a una pluralidad de factores. Entre los más importantes estarían los efectos de la aplicación de un código penal (el de 1995) más severo que el anterior, así como de sus posteriores reformas que expandieron la política criminal de manera extensiva (criminalizando más conductas) e intensiva (castigándolas más duramente, penas más largas). Cada una de estas políticas ha tenido efectos diferentes en el uso de la prisión.

Por un lado, la intensificación de la política criminal que se produjo con la excusa de adoptar medidas para la lucha contra el terrorismo y la inseguridad ciudadana supuso el desarrollo una respuesta más severa, de carácter incapacitador, en donde el uso de la prisión fue mayor. Por otro lado, se produjo también una mayor criminalización de conductas.

Además, España pasó a convertirse en un país receptor de inmigrantes en 1996 y muy especialmente como se muestra en la figura desde el año 2000. Sin embargo, su presencia en las cárceles españolas no se corresponde con el porcentaje de población inmigrante asentada en el país con respecto al total de españoles (10,1%), sino que existe una sobrerrepresentación de extranjeros en las prisiones españolas. Se ha demostrado que la población extranjera, ante la comisión de un delito, tiene más posibilidades de permanecer en prisión. También se ha argumentado que los extranjeros pasan más tiempo en prisión porque tienen más dificultades para acceder al medio abierto (tercer grado y libertad condicional).

4. Período 2010-2018

La población penitenciaria experimentó a partir de 2010 un descenso paulatino. En el ámbito social lo más destacado puede ser el impacto de la crisis económica en España, provocando un profundo recorte de todo el gasto público que afectó a todas las administraciones, y por tanto también a la penitenciaria. Así para contener el gasto de la administración penitenciaria, se logró disminuir la población penitenciaria.

Además, la reforma de la LO 10/2015 también ayudó a reducir el uso de la prisión en España.